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Martes, 03 de enero de 2012   |  Número 11
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130.000 beneficiarios se han quedado sin atención
El Observatorio de la Dependencia denuncia un recorte de mil millones en la aplicación de la Ley en 2011
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales encuentra aspectos negativos crónicos en el SAAD

Redacción. Madrid
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en el que se analiza un año que, al hilo de recortes, ha sido complicado para el sector. Así, señalan que la tasa de reposición negativa, la cronificación del limbo de la dependencia, y el recorte de mil millones de euros en este año ha dejado sin atención a 130.000 beneficiarios y 30.000 empleos además del sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, son las principales dificultades de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia.

De acuerdo con el Dictamen, los cambios en los gobiernos autonómicos tras las elecciones del 22 de mayo han conllevado también diversos cambios en el ranking de Comunidades Autónomas. Así, al finalizar el año 2011, País Vasco y Castilla y León obtienen la máxima puntuación (10), mientras que autonomías que destacaban en cuanto a la aplicación de la Ley de la Dependencia como Castilla-La Mancha (8,5) y Aragón (8,5) retroceden y su tendencia es negativa. La tercera Autonomía es, en este caso, La Rioja, que mantiene su nota (9) y destaca el caso de Andalucía, que sube (8).

En el lado opuesto, una serie de Comunidades Autónomas continúan suspendiendo en la aplicación de la Ley. Así, Canarias (0,5 puntos), C. Valenciana (2 puntos), Asturias, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla (territorios Imserso) no aplican las prestaciones y servicios que la Ley contempla, denuncia la Asociación, “poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica”.

En el resto del país, destaca el descenso de alguna CCAA. Tal es el caso de Navarra (6) y Cataluña, que tras venir ocupando los primeros lugares del ranking, cae por segunda vez consecutiva a una discreta puntuación de 6 puntos, o Asturias, que vuelve a bajar en este VIII Dictamen suspendiendo por segunda vez en la aplicación de esta escala (2,5 puntos). Por el contrario Extremadura y Murcia (ambas con 5,5 puntos) mantienen el aprobado, lo que les hace merecedoras del reconocimiento de la Asociación por “el esfuerzo de mejora que esta valoración evidencia por parte de ambas Comunidades”.

Aspectos preocupantes

Tras cinco años de aplicación de la Ley de la Dependencia, el Observatorio constata cuatro aspectos especialmente preocupantes respecto a la situación global del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Y la preocupación deriva de su cronicidad.

Así, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales muestra su preocupación por la tasa de reposición negativa, y el retroceso en algunas Comunidades Autónomas en cuanto a número de beneficiarios, así como la media de personas atendidas mensualmente en el año 2011 (6.649), que es tres veces menor que en el año anterior (17.106), junto a la tendencia de la aplicación de recursos de bajo coste (especialmente el 54 por ciento de prestaciones económicas de cuidadores familiares) han producido un recorte en este año de mil millones de euros que ha supuesto no atender a 130.000 personas y no crear 30.000 puestos de trabajo nuevos.

Con los datos oficiales a finales de 2011, 312.000 personas (1 de cada 3) se encuentran en lo que se denomina “limbo de la dependencia”. Estas personas tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aun no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios o prestaciones. Algo muy preocupante cuanto que muchas de estas personas, por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho.

 

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